Cuando en el año 2002, el ex presidente Vicente Fox, promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, quedó claro que dicho mandato legal no era una gratuita concesión del gobierno federal ni, mucho menos, una aportación de los partidos políticos, en ese entonces, representados en el Congreso de la Unión, sino una conquista ciudadana; un logro de la sociedad civil, para la construcción en México de una agenda democrática.

Sus promotores del “Grupo Oaxaca”, formado por académicos, periodistas, editores e investigadores tuvieron como objetivo, acotar el autoritarismo gubernamental; la secrecía y la discrecionalidad, particularmente respecto al uso o abuso de los recursos públicos. Dicha ley fue y ha sido un instrumento legal, reconocido en la Constitución, para promover la rendición de cuentas y que el ciudadano pueda exigir transparencia en la información oficial, basado en el derecho a la información.

El artículo séptimo de nuestra Carta Magna establece que: “el Estado deberá garantizar el derecho a la información. Esta garantía consiste en el derecho que tiene todo individuo, a recibir información oportuna, completa, real y objetiva. El acceso a la información pública no tendrá más limitaciones que las expresamente establecidas en la ley”. Con esta filosofía nació el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los órganos garantes en los estados de la República.

Tanto el primero como los últimos no pueden ser parte de secretarías de Estado o sectorizados a dependencias públicas. Deben tener autonomía para poder funcionar. ¿De dónde ha sacado el principal representante del gobierno de la Cuarta Transformación, que la lucha contra la corrupción pasa necesariamente por el desmantelamiento de las instituciones? ¿O simplemente anexar a la Secretaría de la Función Pública, las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información?

En lo personal me queda claro que la famosa lucha contra la corrupción es una cruzada contradictoria y demagógica; un artificio político para ocultar prácticas discrecionales y opacas. Ahí hay que ver asignaciones de obras millonarias a familiares o de funcionarios cercanos; poner en reserva gastos multimillonarios, como es el caso de las vacunas y ocultarle al pueblo mexicano licitaciones y asignaciones directas amañadas que, al menos en el antiguo régimen, se maquillaban.

A mi entender no puede haber democracia en donde un régimen pretende demoler lo que se ha construido con el consenso de la sociedad civil. Se trata de un ataque velado para instaurar mecanismos o instituciones que, con el ardid de que fueron o son corruptas o burocráticas, hacerlas objeto de manipulación política. Nada tiene que ver esto con el régimen que se les prometió a los mexicanos, en julio de 2018. (JPA)