A lo largo de las dos últimas décadas, la desaparición y asesinato de periodistas se ha exacerbado en México. Organismos internacionales como la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa –la SIP- e instituciones no gubernamentales como “Reporteros sin Fronteras” o “Artículo 19”, han visto con preocupación el clima de impunidad que se vive en el país, en donde el trabajo periodístico ha devenido un oficio de grave riesgo.

Nada ha cambiado en el actual gobierno federal respecto al otro en torno a los atentados a la libre expresión, con una excepción: periodistas y medios son, hoy en día, recurrentes depositarios de descalificaciones, injurias y denuestos. Hay favoritos que, dicen lo que en la cúpula del poder se quiere escuchar. Una especie de panegiristas de la Cuarta Transformación y de su ícono mayor. Otros no. Han mostrado con pelos y señales que la lucha contra la corrupción sólo ve una cara de la moneda. Pero jamás las sucias corruptelas de algunos que hoy están en el candelero.

Sin embargo, hay un doble discurso; una doble moral. Contratos multimillonarios para unos; desprecio y descalificaciones para otros. Por un lado, la reedición del montaje de Genaro García Luna, hoy privado de la libertad en Estados Unidos, del caso Florence Cassez, para descalificar a ciertos comunicadores; por otro, asumiendo el compromiso público de solicitar información, sobre el caso del reportero del diario “El Imparcial” de Sonora, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005.

Hace sólo unos días, desde el pódium de la conferencia matutina se arremetió en contra de la organización “Artículo 19”, señalando a sus miembros como “conservadores” y tener financiamiento de fuentes extranjeras. “Tengo pruebas” se dijo. No obstante y, pese a que ha mostrado preocupación por lo que ocurre en México en torno a los constantes señalamientos y posible censura a la libre expresión, la SIP ha reiterado su esperanza de que el ofrecimiento del presidente, en torno a Jiménez Mota, se cumpla.

Pero dicho esfuerzo de vería corto –dice el organismo continental- si no se incluyen otros casos de periodistas que permanecen impunes, sin descartar ninguno de los más de 136 crímenes en las últimas dos décadas. La organización destacó los casos de asesinatos que ha presentado ante la CIDH y se hallan en diferentes etapas procesales. Y los desaparecidos: Héctor Félix Miranda, el 20 de abril de 1988, en Tijuana; Víctor Manuel Oropeza, el 3 de julio de 1991, en Ciudad Juárez; Benjamín Flores González, el 15 de julio de 1997, en San Luis Río Colorado, y Francisco Ortiz Franco, el 22 de junio de 2004, en Tijuana. (JPA)