Gracias a los medios y las benditas redes sociales, el tema de la brutal agresión con acido en la cara y cuerpo que sufrió la joven saxofonista María Elena Ríos, escaló los más altos niveles de resonancia. Movió las estructuras de poder e hizo que la sociedad dejara la apatía. Aunque dos meses después, el Fiscal Rubén Vasconcelos se vio obligado a ordenar investigaciones y el gran ruido mediático hizo que el mismo gobernador Alejandro Murat Hinojosa entrara a la discusión. Primero pidió públicamente a Vera Carrizales dar la cara y hace tres días informó que enviará al Congreso una iniciativa de ley para que las lesiones causadas con ácido sean catalogadas como delito grave.

Aunque tarde, las pesquisas avanzaron, pero el asunto sigue en veremos porque la orden de aprehensión contra el que presumen es el autor intelectual, Vera Carrizales, sigue en la polémica de quien puede más, la justicia o las influencias.

Por lo pronto, el escándalo mediático y político ha impedido que el poder del dinero y las influencias del ex diputado priista Juan Vera Carrizales, obstaculizaran la aplicación de la ley. Ya existe una orden de aprehensión en contra de este empresario señalado como presunto autor intelectual de agresión tan salvaje contra la dama.

¿Por qué tanta complejidad en torno a una orden de aprehensión? El jurista Eduardo Castillo abre la discusión sobre una agresión tan singular cuando descubre al cúmulo de intereses que se mueven para que la orden de detención se dilate. Pregunta ¿Quién gana o qué se gana con la difusión (la infidencia) de una orden de aprehensión no ejecutada? El artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige que su dictado sea con la debida discreción. Significa que en algún punto no se cumplió con esa obligación.

Se habla de que desde el juzgado donde emitieron la orden de aprehensión, se rompió la secrecía. Otras versiones indican que el desorden y el juego de intereses que se mueven en la Fiscalía General del estado, permitieron la filtración del documento lo que hizo que el acusado pusiera distancia de por medio e hiciera los trámites judiciales correspondientes con la intención de evadir el castigo.

Todo esto permitió que los abogados de Vera Carrizales tuvieran tiempo para tramitar el amparo 1196/2019 en el Juzgado 4° de Distrito en Oaxaca.

El asunto sigue aún en los siempre tenebrosos vericuetos de la aplicación de la ley. El Juzgado Cuarto de Distrito instruyó al juez de control de Huajuapan de León hacer efectiva la orden de aprehensión girada contra el político y exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizales por el delito que se le atribuye.

Aunque el rumor era que con el amparo de Vera Carrizales podría evadir el arresto, el juez federal dice: “se ordena hacer efectivo el apercibimiento (advertencia) con el que fue conminado el quejoso; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión provisional que le fue concedida y se dejan expeditas las facultades de las autoridades para que ejecuten el acto reclamado en este incidente”. Así se lee en el expediente 1196/2019 del Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo con el documento, el señalado puede ser capturado en cualquier momento, pero aclara que la suspensión puede surtir efecto si el exdiputado cumple con la garantía requerida antes de ser detenido y presentado ante el juez de la causa.

Esto quiere decir que ahora la responsabilidad está en manos del Fiscal General. Si cumple con el arresto, el caso del ataque con ácido contra María Elena Ríos, el pasado 9 de septiembre, en Huajuapan de León, habrá dado el paso definitivo en la aplicación de la ley. Si no es así, el escándalo mediático arreciará.

IEEPCO, SUS PIFIAS

Después de unificar a diversas organizaciones y dirigentes comunitarios que piden que el presidente del Instituto Estatal Electoral, Gustavo Meixueiro, sea llamado a cuentas por estar corrompiendo las elecciones en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, hoy suma más inconformes.

Ayer se unieron a las protestas pobladores de Santiago Astata, San Sebastián Tutla, Choapam y Santa Elena Loxicha. Cercaron por varias horas la sede el Congreso del estado para exigir del IEEPCO acato a la normatividad de usos y costumbres. Que las elecciones sean conducidas con legalidad y honestidad porque “tal parece que ganan los candidatos que mejor se entienden con los altos funcionarios del Instituto Electoral”, dicen. Amenazaron con tomar acciones más drásticas si en sus municipios no se realizan nuevas elecciones con candidatos honestos y sin malos antecedentes.