Alternancia y transición no son lo mismo, como tampoco lo sería la posibilidad de un cambio de régimen frente a la sola rotación de las personas en los cargos públicos. La llamada “cuarta transformación” que promete el presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, sólo podrá comenzar a ver la luz si logra modificar algunas de las inercias más importantes de nuestro país. Mientras se insista en que el cambio llegará sólo por las personas, no habrá otra certeza más que la persistencia en el error.

En efecto, a pesar de la aparente claridad en el ambiente político —una victoria electoral contundente, un gobernante que adelanta los tiempos para evitar especulaciones, funcionarios designados que de facto ya ejercen sus cargos—, es evidente que hay mucha bruma y que los ciudadanos parecemos estar extraviados en ella. En el gobierno electo hay prisa por comenzar la transformación, pero hasta ahora los ciudadanos nos hemos quedado con la idea de que ese cambio anhelado llegará a partir de algunas de las coordenadas que hemos visto hasta ahora. Y estamos equivocados.

Una de ellas es el regreso de la maestra Elba Esther Gordillo Morales a la escena nacional. La realidad, en todo lo que envuelve al rubro educativo y al destino sindical del magisterio, está sometida a un intrigante juego de espejos. Con asombro, los ciudadanos vimos cómo el propio Presidente Electo le espetó en la cara al Presidente Saliente, que al iniciar su gobierno cancelará la reforma educativa.

Ese mismo día, la maestra Gordillo anunció su regreso y dejó ver tanto la cercanía y la simpatía que tiene del próximo gobierno para ejercer sus derechos y regresar a la política, y al mismo tiempo se manifestó a favor de los maestros del país y de una educación de excelencia de la que ella, y millones de niños que reciben instrucción pública en México, no han sido testigos ni beneficiarios en los últimos años. Así, el anuncio de López Obrador y el regreso de la maestra Gordillo parecen ser las coordenadas fundamentales del futuro de la educación pública y de la evaluación docente en el país. ¿Debiera ser esto así?

En la lógica lineal parece que sí, y hasta hay quienes están contentos. El haber corroborado la aplastante victoria de López Obrador en la jornada electoral, y la liquidación —literal— del régimen priista que no terminó de irse en estos 18 años de alternancias sucesivas en el poder presidencial, para muchos es motivo suficiente para aplaudir cualquier decisión o anuncio que haga la administración federal que arrancará el 1 de diciembre. Es cierto que para la gran mayoría en el país el cambio de grupo gobernante era una condición indispensable. Y sin embargo ello no debiera respaldarse en una visión acrítica de lo que verdaderamente necesita el país para cambiar.

En esa lógica, algo más o menos similar ocurre con la maestra Gordillo. Hay quienes hoy se regodean y saludan su regreso, porque la ven humillando públicamente a quien hace cinco años y medio decidió meterla en la cárcel a partir de la invención de delitos. Hay también quienes ven con agrado la cancelación de la reforma educativa, no porque compartan los argumentos de un importante sector magisterial sobre la inviabilidad de poner la evaluación —y el cese a quien la repruebe— como punto medular de toda la reforma educativa, y no como su puerto de llegada, sino simplemente porque es una reforma impulsada por un gobierno priista y particularmente por Peña Nieto.

COORDENADAS EQUIVOCADAS

En realidad, tanto la reforma educativa como la práctica judicial debieran tener coordenadas distintas para una transformación de fondo. En esa lógica, la práctica de inventar delitos para encarcelar a un adversario es deleznable y debiera ser uno de los ejercicios que deberá ser erradicado de fondo, si es que de verdad se pretende dar la idea de un nuevo régimen.

Respecto a la evaluación, y a lo que debe contener una reforma educativa con un matiz distinto al actual, ésta tendría que estar basada en otros aspectos que no fueran necesariamente el rechazo total a la actual por ser una reforma priista o por haber sido la razón del encarcelamiento de la maestra Gordillo.

Pensar en eso sería incluso equivalente a pronunciarse a favor de una cancelación lisa y llana de la reforma educativa, cuestión que no debiera ocurrir dada la progresividad del derecho fundamental a la educación, que tendría que obligar al nuevo régimen a buscar alternativas distintas a las actuales pero sin lesionar el derecho —inacabado, es cierto— de los niños mexicanos a recibir educación de calidad y a que sus maestros reciban procesos constantes de actualización y capacitación para realizar mejor su trabajo, independientemente de si son despedidos o no cuando no logren alcanzar ciertos objetivos o estándares de evaluación.

Ahora bien, frente a todo eso, y analizando las circunstancias con miras a la responsabilidad, vale la pregunta: ¿la maestra Elba Esther Gordillo puede representar una alternativa de cambio a la situación actual del magisterio? La respuesta tendría que venir a partir no de su pleito con el régimen saliente del presidente Peña Nieto, sino con sus determinaciones como dirigente sindical.

Durante su larga gestión al frente del Sindicato Nacional, ella defendió denodadamente todos y cada uno de los privilegios del magisterio, así como el incremento progresivo de sus condiciones de trabajo y salario, pero sin que esto viniera acompañado de la contraprestación de los procesos de evaluación, para que el público —los niños mexicanos, sus padres, y la sociedad en general que se beneficia de manera colectiva del correcto cumplimiento del derecho a la educación de niños y jóvenes— pudiera conocer qué se hace a cambio de los privilegios de los que gozan las y los maestros del país.

De hecho, esa fue una razón material que llevó al gobierno de Peña Nieto a decidir encarcelarla, como una forma de anularla de su liderazgo y permitir el avance de su reforma educativa. Correcta o errada en su visión y objetivos, lo cierto es que fue un intento de cambio, y ahora tendría que hacerse patente la disyuntiva de si la maestra Gordillo está a favor o no de un cambio de circunstancias o de simplemente volver al pasado. Queda claro que por supervivencia puede optar por una posición progresista respecto a su sindicato. Pero será no por una convicción sino simplemente por hacerse parte de los nuevos tiempos y sobrevivir dando únicamente lo indispensable, pero sin poner en riesgo sus privilegios.

CAMBIO DE INERCIAS

Al final, la maestra Gordillo terminará —como siempre— cumpliendo su rol de dirigente sindical, tal y como lo aprendió de los tiempos en que se forjó como tal: defendiendo hasta la ignominia, si es necesario, los privilegios y conquistas —quién sabe si los derechos— de los trabajadores adheridos a su causa. Eso puede ser bien visto por algunos sectores pero no necesariamente puede traducirse como una equivalencia de progreso. Si al final, todos juntos, logran cambiar la inercia histórica de la educación, entonces sí habremos dado pasos sustantivos como país. De lo contrario, de nuevo habremos incurrido en la estratagema de suponer que con el “quítate tú para que me ponga yo”, todo puede cambiar. Y no.

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