Oaxaca, Oax.- A menudo, usuarios oaxaqueños de las redes sociales suben fotografías y videos de verdaderas caravanas de camiones cargados de trozos de árboles previamente derribados. Y en textos breves muestran su indignación. La semana anterior, el diario EL IMPARCIAL publicó un serial de notas y reportajes sobre el saqueo infame de nuestra riqueza forestal, que pone en tela de juicio no sólo la falta de una política para su aprovechamiento, sino la tala inmoderada que ha convertido a nuestras antes boscosas montañas, en eriales y suelo inerte y deforestado.

Es decir, los talamontes, sean empresarios que han vivido de las concesiones de comunidades forestales o comuneros que usan la tala clandestina, siguen depredando esa riqueza que hace apenas un lustro fue un importante factor de crecimiento económico. Hoy sólo es para algunos, en cuyos aserraderos, ocotes, pinos, cedros, caoba y otras especies, se hacen pedazos y aserrín. Y no es el caso de comunidades que se han organizado para aprovecharlos de manera sustentable, que han cuidado sus bosques de plagas, incendios u otros, comprometidos además, con la reforestación. Ése es otro boleto.

La pregunta es: ¿y en dónde están los defensores del medio ambiente, como aquellos que tanto cacarean el daño que le hace al entorno natural, la explotación de los fundos mineros, llamados anti-minas? ¿O aquellos que se han auto-denominado antieólicos? Se trata, sin duda alguna, sólo de grupos de presión que no responden a intereses genuinos de las comunidades, sino, muchas veces, al de los países u organizaciones extranjeras que les otorgarían financiamiento. Nada es gratis.

Lo paradójico es que, mientras el ejecutivo estatal ha reiterado la importancia de las inversiones para el desarrollo económico de la entidad, grupos, membretes y dirigentes, tratan de echarlas abajo. La semana pasada por ejemplo, un juez de Distrito y luego un Tribunal Colegiado otorgaron una suspensión, a favor de la denominada Asamblea de Pueblos del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio, que prohibe la construcción del parque eólico “Gunaa Sicarú”, en Unión Hidalgo, propiedad de la empresa Electricité de France.

Así ocurrió con la empresa “Mareña Renovables” en San Dionisio del Mar y, de no acotar esta escalada, seguirán los amparos y las suspensiones, promovidas no por defensores del medio ambiente, de la tierra o la cultura indígenas, sino de grupos de interés económico que se escudan detrás de titiriteros que manipulan a nuestras comunidades. Mientras tanto, Oaxaca seguirá, en materia de desarrollo económico, viajando en el furgón de cola de la modernidad. (JPA)