El pasado 15 de septiembre, volvió al escenario nacional, el escándalo del llamado “Cártel del Despojo” que, desde hace meses ha estado en notas periodísticas, columnas y artículos de opinión. Fue el propio Subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, quien describió en una de las tradicionales conferencias de prensa mañaneras, el modus operandi de esta banda delictiva, en la que hay notarios públicos, funcionarios, abogados, dirigentes sociales y hasta grupos criminales.

Extrañamente, el tema se volvió una bola de nieve, pues de manera sospechosa se dejó crecer. En la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado ante el Congreso del Estado, quedó en claro que la autoridad tiene evidencias de quienes han operado esta organización delictiva. Hay, además, centenas de carpetas de investigación integradas. Pese a ello no se ha procedido conforme lo dispone la ley, en contra de los presuntos respnsables. Es más, hasta los vinculan con homicidios de personas ampliamente conocidas.

Dicen que la duda ofende. Sin embargo, existen elementos para pensar que la dilación podría obedecer a un interés político y de proteger a quienes han sido evidenciados con estas prácticas al margen de la ley. Pero el asunto ya escaló a la esfera nacional. No obstante, no se ve por ningún lado un interés genuino por parte del Estado de restituir la confianza ciudadana en las instituciones cuya naturaleza es salvaguardar la propiedad y la identidad personal.

Con certeza, ya el gobierno federal está tomando las cosas bajo su responsabilidad, sobre todo en el tema de la pérdida de identidad; la usurpación y la apropiación ilegal de bienes inmuebles. Sin duda alguna es un tema complejo; un entramado de complicidades; un nudo de intereses. Es, como se dijo en esa conferencia de prensa mañanera, una estructura cuasi criminal. Hay que reconocer la imaginación y creatividad de malicia y perversidad, de los que crearon este monstruo.

Compete a las autoridades investigar y llegar al fondo del problema. Los medios no somos fiscales ni jueces. Nuestra opinión no es ni prejuicio ni especulación. Es un punto de vista respecto a un tema que por el bien de la sociedad debe esclarecerse y, de considerar las autoridades competentes, proceder. Cuestión sólo de imaginar que aquello que hemos forjado con el trabajo de toda la vida; la de nuestros padres y ancestros, esté en la mira de delincuentes de cuello blanco y que, de un día para otro, nos dejen en la calle. (JPA)