La comunidad universitaria oaxaqueña está de luto, luego del asesinato del joven Diego Ignacio Paz, estudiante de Comunicación de la Universidad Anáhuac. El crimen se dio en uno de esos instrumentos cotidianos de violación a los derechos humanos y atropellos, denominados operativos de alcoholímetro. Los mismos sólo han servido para que ediles y jefes policíacos obtengan dinero fresco de la extorsión a la ciudadanía.

Hace al menos tres semanas, en este espacio, nos referimos a la serie de abusos, excesos de fuerza policial y corrupción, en los citados operativos de revisión y alcoholímetro, que han montado policías viales y preventivos de varios municipios como Oaxaca de Juárez y conurbados como Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto y Santa Cruz Amilpas y, desde luego, Santa Lucía del Camino, entre otros. Están fuera del marco constitucional y desde que fueron impuestos, jamás han tenido efectos positivos en una baja en el consumo de alcohol.

Si bien la Fiscalía General del Estado ya procedió a la detención de uno de los policías involucrados y del cese y renuncias de directivos policiales, comandantes y elementos, anunciado por el edil de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, es importante subrayar que no es suficiente. De arriba para abajo deben responder por este crimen, pues éste, es sólo la punta del iceberg de una cadena de corrupción institucional.

El mismo ejecutivo estatal, Salomón Jara, sostuvo en conferencia de prensa que la policía de este municipio, es la peor evaluada, con expedientes en la Defensoría de los Derechos Humanos y en el Tribunal Superior de Justicia. Y es que hay un elemento que tiene que ver con esa cadena de corruptelas que mencionamos: la autorización de los mismos cabildos para la apertura de antros y cantinas, en calles y colonias aledañas, en donde se ubican instituciones de educación superior.

¿Cómo evitar accidentes y demás, en municipios como Oaxaca de Juárez o Santa Lucía, convertidos en la actual administración en gigantescos congales y chupaderos? Incluso, violando la ley de no instalarlos cerca de escuelas o centros educativos. No es un secreto la proliferación de antros en los municipios conurbados, además de la venta indiscriminada de alcohol y otras substancias, ante la falta de operativos serios de vigilancia por parte de las autoridades.

Las igualas y los cochupos abundan en las direcciones y regidurías municipales, para permitir la operación, incluso, de venta de alcohol a menores de edad. Un platillo suculento para los policías abusivos que, sólo esperan la salida de los jóvenes de dichos antros, para montar sus operativos y hacer caer, incluso a balazos a quien no se somete a la extorsión. (JPA)