Estamos a poco más de tres meses de la transición en el gobierno federal. En septiembre, según lo han advertido actores de la Cuarta Transformación, se aprobarán ciertas reformas constitucionales, una de ellas, la del Poder Judicial y cuyo fondo es avasallar a uno de los poderes de la Unión. Éste ha sido, en el sexenio que está por terminar, tal vez el único contrapeso que ha tenido el ejecutivo federal en su desenfrenada carrera por hacer y deshacer del país.

La sola insistencia de la presidenta electa de México de ir adelante con la citada reforma y otras, ha mostrado sus efectos negativos en los mercados financieros. El argumento del súper peso frente al dólar norteamericano, ha quedado en simple anécdota. De poco más de 16 pesos, en menos de dos semanas, cayó estrepitosamente a más de 19 a la venta. La fortalecida economía mexicana, que tanto se presume en el actual gobierno, no es tal.

En tanto más avancen las obsesiones presidenciales, más se habrá depreciar nuestro peso, generando en breve una espiral inflacionaria difícil de detener. En tanto no exista capacidad de discusión –que no encuestas cuchareadas- en un Congreso que se advierte sumiso, abyecto y entreguista, poco puede esperarse que esa locura que antecede al fin del sexenio pueda paliarse. Obvio, una situación de crisis financiera habrá de hacer naufragar los cacareados programas sociales.

Existe preocupación, asimismo, por la desaparición de los organismos autónomos, particularmente uno: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información –INAI-. Se trata de un organismo que surgió de la lucha de la sociedad civil, jamás de la gratuita concesión ni del gobierno ni del legislativo. Es darle la puntilla a la rendición de cuentas; un golpe letal al que documenta los excesos, la corrupción y la discrecionalidad en el ejercicio del poder público. Un duro revés a la democracia.

Duras sorpresas nos esperan luego de la jornada electoral y sus resultados. Los ojos del mundo están en nosotros. No somos ajenos al entorno global, menos cuando somos vecinos y socios comerciales de una de las potencias. Sólo un necio y obstinado no lo ve así. Es un absurdo elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular y hacer del Poder Judicial un apéndice del ejecutivo. Es decir, hacer de nuestra Constitución un membrete y de su vigencia, una caricatura.

El pueblo de México ya eligió. Pero existe la certeza de que lo que se haga después, no será con su anuencia. Se ha dado a senadores y diputados un cheque en blanco para seguir adelante con su onerosa y lamentable labor de zapa, de espaldas a ese pueblo que les otorgó su voto. Sin pesimismo ni fatalismo, estoy cierto que sólo será cuestión de tiempo cuando veamos sus efectos nocivos. Al tiempo. (JPA)