Desde hace años, las denuncias ciudadanas sobre los excesos y atropellos de algunos gobiernos municipales, han sido constantes. Primero fue el edil de Santa Cruz Amilpas, Christian Baruch Castellanos, luego de que un ciudadano denunciara el cobro de 40 mil pesos, como multa por un hecho de tránsito. Además, claro, de verdaderas violaciones a los derechos humanos en los llamados “operativos de alcoholímetro”.

A pesar de quedar exhibido como abusivo, nada se sabe de sanciones o, al menos, mecanismos de disuasión. Éste como otros y otras que mencionamos a continuación, se asumen eternos e impunes. Varias son las denuncias en contra de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Gabriela Díaz, cuyos agentes policiales y de vialidad montan operativos para exigir a automovilistas o transportistas, documentos como pago de tenencia, tarjeta de circulación y otros que, presumimos, no son de su competencia. El objeto es, sin duda, extorsionar.

La semana pasada circuló en redes sociales un documento oficial del ayuntamiento de San Antonio de la Cal, que preside Porfirio Santos, el cual registra el cobro de una multa de 4 mil pesos en efectivo, a una persona, cuya camioneta -luego se supo- habría sido asegurada por elementos de vialidad municipal, sin haber incurrido en una violación evidente a las reglas de tránsito. El de Santa Lucía del Camino, cuyo edil es Juan Carlos García Márquez, también es rehén de la denuncia ciudadana.

Sin embargo, no obstante, las reiteradas quejas en torno a estos atropellos y cobros que van más allá de las posibilidades ciudadanas, los ediles se asumen los virreyes no sólo de sus jurisdicciones sino de los derechos ciudadanos. ¿A dónde recurrir para denunciar estos abusos? ¿Ante un Congreso local caracterizado por el ausentismo e irresponsabilidad de los flamantes representantes populares? ¿Ante ese membrete denominado Auditoría Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca, cuya política parece ser dejar hacer, dejar pasar?

Mientras se anuncia con bombo y platillo que la transparencia será un eje fundamental del gobierno, los ediles parecen estar regidos por otro estatuto, pues, como se ve, no rinden cuentas a nadie. Y cuyos funcionarios son usados como los emperadores romanos utilizaban a sus secuaces corruptos: “los empapaban cuando estaban secos y los exprimían cuando estaban bien mojados”. Obvio, de dinero. Lo cierto es que, los abusos han continuado no obstante el despliegue del único mecanismo ciudadano para su defensa: la denuncia. (JPA)