Uno de los temas que más violencia han generado en la entidad, desde hace décadas, son los conflictos agrarios. Y es que, tal vez como producto de nuestras raíces indígenas, existe tal arraigo a la tierra que, cualquier amenaza a la legitimidad de la propiedad de la misma, altera la convivencia entre comunidades, incluso pertenecientes a un mismo grupo étnico, es decir, aunque compartan lengua e historia, los enfrentamientos no se han hecho esperar.

En Oaxaca son cientos de problemas agrarios que, hoy mismo, siguen como dolor de cabeza para el gobierno de la Primavera Oaxaqueña. Sin embargo, son temas que se han ido arrastrando -insistimos- desde hace décadas. En al menos dos administraciones anteriores, una de las fórmulas era sentar a las partes a las mesas de diálogo convocadas por el gobierno. Firmar acuerdos de paz, tomarse la foto y, en apariencia, los firmantes retornaban a sus respectivas comunidades felices y contentos.

Varias experiencias demostraron que era una política ficticia. Al llegar a las asambleas de sus pueblos, los que pactaban la paz eran abucheados. Los agravios, algunos de ellos con muchas décadas de historia, seguían presentes. Litigios agrarios, decretos y resoluciones presidenciales han avivado la inconformidad y desatado mecanismos de presión social. En esa vertiente puede ubicarse la reciente protesta de vecinos de Bajos de Coyula y El Arenal, en jurisdicción de Huatulco, con el bloqueo a la carretera 200 y al aeropuerto de ese destino turístico.

En el fondo subyace el decreto presidencial de reciente cuño, en el que más de 2 mil hectáreas son consideradas áreas protegidas, según se dice, para ponerlas a salvo de la adquisición de empresas inmobiliarias del país o el extranjero que, pretenden instalarse en esa zona, como lo han hecho en otras del país. No obstante, y, con justa razón, los comuneros advierten la amenaza de invasión de sus tierras, como ha ocurrido en otras zonas dizque protegidas.

Como siempre ocurre en este tipo de disputas, no faltan las manos siniestras de oportunistas que buscan su propio beneficio ya sea económico o territorial. El gobernador Salomón Jara señaló como instigador a cierto edil de la zona. No hay que descartar que, la Costa oaxaqueña, al igual que una gran parte de la entidad, la incertidumbre en la propiedad de la tierra sigue como un desafío.

Pero tampoco soslayar que, desde los tiempos en que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo -Fonatur-, organismo recientemente desaparecido, inició el desarrollo del proyecto Bahías de Huatulco, para apuntalarlo como un destino turístico, se abrió la puerta a extranjeros para adquirir propiedades.

Si lo que se trata es hacer del predio de Bajos de Coyula y El Arenal, una verdadera zona de reserva, la ley debe aplicarse con rigor, evitando invasiones y protegerla de conformidad con los comuneros. Es un acierto del gobierno estatal avanzar en todo lo que concierne al ordenamiento territorial, pero, sobre todo, acotar los intereses ajenos a los mismos. (JPA)