El tema de la controvertida Reforma Judicial sigue dando de qué hablar. Reconozco no ser un experto en la materia, pero no se requiere ser un erudito para reconocer que estamos bordeando una crisis constitucional. Hasta el más ignorante en asunto de leyes sabe de la gravedad de un desacato a un mandato judicial. En un país que se dice democrático, decir que “no me vengan con que la ley es la ley”, es una bajeza. Pero tal parece que ese camino erróneo continúa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó y descalificó a la jueza de distrito que resolvió retirar del Diario Oficial de la Federación, el texto de la citada Reforma Judicial. Las respuestas fueron: “no lo vamos a bajar”, “una jueza no puede estar por encima del pueblo”, “la reforma va” y “vamos a pedir al Consejo de la Judicatura, sancione a la jueza”.

Más leña al fogón: “ni ocho ministros ni jueces pueden parar lo que el pueblo ya aprobó”. Ello, a escasos días de haber rendido protesta y, con la mano alzada, ofrecer cumplir y hacer cumplir con la Constitución “y las leyes que de ella emanen”. Poco después, los medios de comunicación y las redes sociales difundieron la participación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en un coloquio de jueces organizado por la Universidad de Harvard.

Cuando el aludido mencionó que para ser ministro en México, de acuerdo a la cacareada Reforma Judicial, se exige como requisito, entre otros, cinco cartas de recomendación de vecinos o conocidos, los asistentes se volcaron en ruidosa hilaridad. Ello provocó molestias en la inquilina del Palacio Nacional que descalificó a la citada universidad y le dio la vuelta: “nadie se va a burlar del pueblo mexicano”.

Lo cierto es que jamás nuestro país fue objeto de burla, sino de barrabasada de Reforma Judicial. La presidenta ya no tratará ni con la oposición ni con el embajador de Estados Unidos en México, sino “sólo con el pueblo”. Tampoco con los principales inversionistas de México afiliados a la Confederación de Cámaras Industriales de México -CONCAMÍN-, cuya reunión anual, presidenta y secretarios simplemente desairaron.

Para hacer más patética la controversia y su vasallaje, está prácticamente aprobada la llamada supremacía constitucional, propuesta por Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, ambos de Morena, que prohibe a la Corte emitir amparos o desaprobar cualquier reforma que apruebe el órgano revisor, es decir el legislativo, lo que imlplica avasallar nuestro clima de libertades. Antes habían pretendido modificar el artículo primero, sobre la vigencia de los derechos humanos.

Las preguntas son: ¿hacia dónde se encamina nuestra democracia y este abyecto poder legislativo? ¿Hacia dónde se pretende llevar al país y el Estado de Derecho, con el sobado argumento de que es el pueblo el que manda? Los legisladores han caído tan bajo que son incapaces de percibir su propia degradación. En el horizonte, la tiranía asoma. (JPA)