Parafraseando a Lord Acton con la frase aquella de que el “poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, bien podemos decir que, en nuestro medio político, en el país y en Oaxaca, hoy como ayer los hombres y las mujeres del poder están amenazados de manera permanente por la desmesura y los excesos. Los griegos calificaron este mal como el Síndrome de Hybris.

Esto se da, a menudo, en quienes arriban a posiciones de mando a veces de la nada. Es decir, les dan una especie de certificado para transitar de la indigencia a la opulencia. Funcionarios o directivos a quienes se les asigna alguna responsabilidad en el gobierno, de inmediato empiezan a padecer el mal del ladrillo: se marean o flotan. Una de las expresiones de dicho mal es ir y venir rodeado de guardias armados.

Caravanas de vehículos escoltan a dichos especímenes, que lo asumen como expresión de poder. Voyeurismo enfermizo. Policías cuyas funciones son otorgar seguridad a la ciudadanía, sirven el café, cargan el portafolios, son alcahuetes, mandaderos o choferes de los hijos. El fenómeno se dio durante la hegemonía de los conservadores y de la mafia del poder. Pero el mal se reprodujo hoy.

Y es que, pese a la sobada política de primero los pobres y la austeridad republicana, en los regímenes emanados del MORENA, dicho mal se ha exacerbado. Hoy, cualquier baba de perico trae escolta y vehículos blindados pagados con cargo al erario. No hay que ser un experto para saber, por el número de personas a su servicio, quién tiene la cola sucia.

Se entiende que, por la naturaleza de su encargo como el gobernador y funcionarios de seguridad, procuración o impartición de justicia, la misma ley dispone otorgarles seguridad. Pero los demás no. El titular el IEEPO, Emilio Montero, expresidente de Juchitán, trae a su servicio a todo un clan de presuntos malandros tecos. Va y viene por todos lados rodeado, como parvada de zopilotes. ¿De qué se cuida o a qué le teme?

Pero los hay, muchos más. El edil de San Pedro Tapanatepec, Humberto López Parrazales, ha traído consigo a 10 elementos. Hay más de 300 efectivos policiales asignados como guaruras. Es un exceso, un abuso, atravesando la entidad por serios problemas de inseguridad. Vale pues aplaudir la disposición del ejecutivo estatal en retirar dichas escoltas y que los policías vuelvan a sus tareas.

Esperamos que la medida sea pareja y no haya excepciones. Porque los habrá que, haciendo valer supuestos compromisos políticos seguirán en las mismas. El guarurismo es un fenómeno que ha permeado entre dirigentes sindicales, los llamados factureros, abogados con ligas poco claras o funcionarios. Todos tienen dos patrones comunes: el miedo o el exhibicionismo de poder. (JPA)